Debida diligencia
También conocido como: Due diligence · Debida diligencia de terceros · Diligencia debida reforzada
Investigación hecha antes de una decisión relevante — contratar a un proveedor, cerrar una alianza, aceptar un cliente de alto riesgo, comprar una empresa — para descubrir riesgos que la otra parte no declararía.
Base legal
Ley General de Responsabilidades Administrativas, art. 25
La debida diligencia parte de una premisa simple: la otra parte tiene incentivo para mostrar lo mejor de sí. Por eso la empresa investiga por su cuenta — situación jurídica, fiscal y reputacional, socios, litigios, sanciones, vínculos con servidores públicos — antes de comprometerse.
En México tiene dos anclas legales. En anticorrupción, la política de integridad que valora la Ley General de Responsabilidades Administrativas (art. 25) incluye políticas de personal para no incorporar a quien represente un riesgo para la integridad de la empresa. En antilavado, la LFPIORPI reformada en 2025 exige a quienes realizan actividades vulnerables evaluar su riesgo, identificar al beneficiario controlador y dar seguimiento intensificado a clientes de alto riesgo y a personas políticamente expuestas.
El riesgo de la debida diligencia tradicional es volverse una foto: se hace una vez, al contratar, y se archiva. Los socios comerciales cambian de control, los accionistas entran en litigios, los proveedores reciben sanciones. Lo que protege es rehacer la revisión cuando la señal cambia.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la debida diligencia?
Es una investigación previa, hecha antes de contratar, formar una alianza, aceptar un cliente o comprar una empresa, para identificar riesgos jurídicos, financieros, fiscales y reputacionales de la otra parte.
¿Qué es la debida diligencia reforzada?
Es la versión más profunda que se aplica a clientes o terceros de mayor riesgo, como las personas políticamente expuestas: además de identificarlos, se investiga el origen de sus recursos y se da un seguimiento más cercano a sus operaciones.